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Parejas de hecho (Registro municipal de uniones civiles)


El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día uno de octubre de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo de suprimir el Registro Municipal de Uniones Civiles del Ayuntamiento de Segovia.

La Comisión informativa de Gobierno Interior y Personal, en la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2012, conoció el informe emitido por la Secretaría General que tiene el conforme del Ilmo. Sr. Alcalde para su conocimiento por el Pleno, previos los trámites oportunos y en donde se manifiesta que:

Con fecha del 30 de noviembre de 1994, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acordó la aprobación provisional de un Registro público destinado a la inscripción de situaciones de convivencia familiar no matrimonial, acordándose en la sesión plenaria celebrada el 20 de mayo de 1996 la aprobación provisional del correspondiente reglamento, con apertura de un trámite de información publica (BOP 15/07/1996) transcurrido el cual sin la presentación de reclamaciones o sugerencias se elevó a definitiva su aprobación, publicándose el texto del reglamento en el boletín de la Provincia de 4 de septiembre de 1996.

El mencionado reglamento ha quedado obsoleto como consecuencia del transcurso de los años, aparte de arrastrar una serie de lagunas e insuficiencias que se han venido poniendo de manifiesto con la propia practica, especialmente, en materia de tramitación, y determinación de las situaciones, lo cual nos lleva a una necesaria reflexión en relación con su pervivencia.

Debe señalarse, en primer término, que este Registro no esta dentro del ámbito de la actuación propiamente municipal, ni es un servicio que como tal venga ni reservado ni referido a los municipios. Los Ayuntamientos que, como el de Segovia, han adoptado la decisión de la creación de estos Registros de parejas de hecho o uniones no matrimoniales o situaciones de convivencia no matrimonial, lo han hecho amparados en la cláusula de “competencia genérica” contenida en el artículo 25. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local, por lo que su más exacta calificación es la de los denominados “
servicios impropios” y en su regulación a falta de un marco general, ni estatal ni autonómico, podemos encontrar las situaciones mas variopintas.

Cabe considerar justificada esta iniciativa en el momento que se adoptó, ante la ausencia de ninguna otra vía para la acreditación de estas situaciones de hecho, aunque hoy en día SI existe una regulación especifica por parte de la Junta de Castilla y León, administración competente en la materia: el Decreto 117/2002, de 24 de octubre, de creación y funcionamiento del Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León (BOCyL 212, de 31 de octubre de 2002) y la Orden FAM/1597/2008, de 22 de agosto por la que se regula su funcionamiento (BOCyL 213, de 4 de noviembre de 2008; crr. err. BOCyL 110, de 12 de junio de 2009), modificada por la Orden FAM/1036/2010, de 5 de julio, (BOCyL 139, de 21 de julio).

Esta normativa autonómica recoge de una forma amplia y actualizada todas las previsiones referentes al Registro y a la inscripción de estas situaciones (requisitos, efectos, procedimiento de inscripción, tramitación electrónica, …), sin que a este respecto el Registro municipal aporte ninguna ventaja o facilidad a los interesados, sino al contrario, confunde al ciudadano y conlleva una gran inseguridad jurídica sobre el registro competente y sobre la propia validez de las inscripciones más allá del propio ámbito territorial del municipio o cuando la pareja ya deja de ser residente en el municipio. Aparte, destacar las molestias que la obtención de certificaciones negativas ocasionan a los particulares que, como consecuencia de la falta de coordinación de los registros y la inexistencia de un registro central, les obliga a tener que recorrer y recabar de los diferentes registros existentes estos certificados de no inscripción.

Así pues,
- Considerando que han desaparecido las causas y carencias que motivaron la creación de este Registro,
- Considerando que el servicio ya se presta por la Junta de Castilla y León, como administración competente.
- Considerando que por parte del ayuntamiento estamos en presencia del ejercicio de una competencia impropia, que supone una duplicidad de prestaciones por dos Administraciones distintas en un mismo ámbito territorial y material.
- Considerando, además, que esta prestación es para el Ayuntamiento especialmente gravosa, ya que todas las actuaciones de inscripción, certificación, modificaciones, actualizaciones y bajas en el registro son “gratuitas” para los que las promuevan,
-Y considerando, por último que la existencia de un registro municipal para la inscripción de estas situaciones de hecho paralelo al prestado por la Junta de Castilla y León no aporta ninguna ventaja a los posibles interesados.

Es opinión de esta Secretaría General la conveniencia de SUPRIMIR EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES (SITUACIONES DE CONVIVENCIA FAMILIAR NO MATRIMONIAL) DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, sin perjuicio de que se sigan realizando actuaciones como las relativas a las bajas de las inscripciones preexistentes o certificación de los datos consignados en el Registro
.”

La Comisión de Gobierno Interior y Personal acordó proponer al Ayuntamiento Pleno, en virtud de la competencia que al efecto le confiere los arts. 22.d y 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril la adopción del siguiente acuerdo :
Suprimir el Registro municipal de uniones civiles (situación de convivencia familiar no matrimonial) del Ayuntamiento de Segovia, sin perjuicio de que se sigan realizando actuaciones como las relativas a las bajas de las inscripciones preexistentes o certificación de los datos consignados en el Registro.

En el Pleno, resulta aprobado el dictamen de la Comisión, en sus propios términos, acordando la Corporación Municipal:
Suprimir el Registro municipal de uniones civiles (situación de convivencia familiar no matrimonial) del Ayuntamiento de Segovia, sin perjuicio de que se sigan realizando actuaciones como las relativas a las bajas de las inscripciones preexistentes o certificación de los datos consignados en el Registro.
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